La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de rechazar un pedido de reconsideración presentado por Burford Capital representó un nuevo revés para el fondo litigante y fortaleció la posición argentina en el prolongado conflicto judicial por la expropiación de YPF. Con esta resolución, el único camino que le queda a Burford es intentar que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso, una alternativa estadísticamente difícil y de aceptación excepcional.
La controversia se originó en la nacionalización del 51% de YPF realizada en 2012 por el Estado argentino. Durante años, la demanda se centró en la presunta violación de los estatutos de la compañía al no extender una oferta de compra al resto de los accionistas minoritarios. Esa interpretación llevó a una condena de más de USD 16.000 millones contra Argentina, posteriormente revertida por la Cámara de Apelaciones.
La reciente decisión judicial constituye un golpe significativo para Burford Capital, que había adquirido los derechos litigiosos de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, empresas vinculadas a la familia Eskenazi. La Cámara concluyó que la jueza Loretta Preska había aplicado de manera incorrecta aspectos centrales del derecho argentino, anulando así la multimillonaria condena.
La importancia de los Eskenazi en esta historia resulta determinante para comprender cómo se gestó el litigio. El Grupo Petersen ingresó a YPF durante la gestión de Repsol y llegó a controlar cerca del 25% de la petrolera mediante una operación financiera singular: gran parte de la compra fue financiada con créditos que se cancelarían con los dividendos futuros de la propia empresa. Cuando el Estado intervino YPF y suspendió la distribución de utilidades, el esquema dejó de funcionar y las sociedades controladas por los Eskenazi entraron en cesación de pagos.
La posterior quiebra de esas compañías en España permitió que los derechos para litigar contra Argentina fueran subastados. Burford Capital adquirió esos derechos y construyó la demanda que años más tarde derivó en una de las mayores condenas judiciales enfrentadas por el país en el exterior.
EL ROL CLAVE DE LOS ESKENAZI
La familia Eskenazi no figura entre los demandantes actuales, pero su participación es el origen del conflicto judicial. Las sociedades Petersen, controladas por el grupo, fueron las accionistas que alegaron haber sido perjudicadas por la expropiación de 2012. Tras su quiebra, los derechos de reclamo pasaron a manos de Burford Capital, que financió y condujo el juicio en Estados Unidos. Sin la compra de acciones realizada por los Eskenazi y el posterior colapso financiero de Petersen, el litigio que hoy enfrenta Argentina probablemente nunca habría existido.
Aunque el expediente aún podría llegar a la Corte Suprema estadounidense, el escenario actual marca un cambio sustancial respecto de los años anteriores.
