La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la ley que bajó a 14 años la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, apenas días después de que el nuevo Régimen Penal Juvenil entrara en vigencia en todo el país.
La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, que preside el sacerdote José María Di Paola, en favor de los adolescentes privados de la libertad en la provincia. En su fallo, al que accedió La Nación, Pascual advirtió que ampliar el universo de adolescentes punibles —incorporando a los de 14 y 15 años— y aplicar la escala penal completa aumentará considerablemente la cantidad de detenidos, en un sistema que hoy no tiene la infraestructura edilicia, educativa ni profesional para sostener los estándares constitucionales exigidos durante la privación de libertad en la adolescencia.
La resolución no cuestiona la validez de la ley en abstracto, pero tiene un efecto inmediato en el distrito judicial de Lomas de Zamora: un menor de 14 o 15 años no podría ser encarcelado allí durante los próximos 60 días, aun por delitos graves. Fuentes judiciales advirtieron que otros jueces de distintos departamentos podrían no seguir ese criterio, lo que abre la puerta a interpretaciones divergentes según la jurisdicción.
Pascual, que fue ministra de Familia y Desarrollo Humano bonaerense durante la gobernación de Eduardo Duhalde, fijó una audiencia para la semana próxima y citó a los responsables del Ejecutivo provincial con injerencia en el tema, para que informen las medidas tomadas y previstas para implementar la ley. También pidió a Seguridad, Niñez y Justicia bonaerenses que arbitren los medios para hacer efectiva la suspensión.
El fallo derivó en un cruce político. La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) acusó al gobernador Axel Kicillof de «ponerse del lado de los delincuentes» y cuestionó a la Justicia bonaerense por «garantista». Desde el entorno del gobernador le respondieron recordándole que, durante su gestión como ministra de Seguridad nacional, la edad de imputabilidad en la provincia ya era de 14 años.
La propia jueza había explicado en una entrevista radial que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino que reclama los mecanismos necesarios para aplicar la ley sin vulnerar derechos básicos de los adolescentes alcanzados por ella.
