Un reporte nacional sobre la implementación de la Ley 27.610 ubicó a San Juan entre las 20 jurisdicciones con información disponible. En todo el país relevado se contabilizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sistema público, mientras las provincias asumieron una mayor carga financiera ante el retiro de fondos nacionales.
San Juan registró 1.657 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE) durante 2025 en el sistema público de salud, según un nuevo informe elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Proyecto Mirar.
El dato provincial forma parte del Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina, finalizado el 4 de septiembre de 2026, que analiza la aplicación de la legislación durante 2025 y parte de este año.
El relevamiento contabilizó 87.603 abortos en 20 provincias durante 2025. Según el informe, la cantidad no presentó cambios significativos respecto de 2024 si se consideran las mismas jurisdicciones.
En ese mapa, San Juan aparece con 1.657 IVE e ILE, por debajo de provincias como Buenos Aires (41.446), Córdoba (9.341), Corrientes (1.933), Jujuy (1.973) y Tucumán (2.417), pero por encima de San Luis (1.447), Entre Ríos (1.360) y Misiones (1.359).
El número sanjuanino, sin embargo, debe interpretarse dentro de las limitaciones metodológicas del estudio. Los autores solicitaron información a las 24 jurisdicciones, pero recibieron respuestas directas de 16. Para San Juan, los datos pudieron completarse mediante información suministrada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Las provincias asumieron el financiamiento
Uno de los principales ejes del informe excede la cantidad de abortos y apunta al cambio producido en el financiamiento del sistema.
Según el relevamiento, ante la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar la compra de insumos destinados a los servicios de aborto, 13 provincias sostuvieron la prestación utilizando presupuesto propio.
La situación se inscribe en un escenario más amplio de reducción del financiamiento nacional destinado a salud sexual y reproductiva.
El documento sostiene que entre 2023 y 2026 cayó 57% el gasto del programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Esa reducción tuvo impacto sobre la compra de métodos anticonceptivos.
De acuerdo con las estimaciones incluidas en el reporte, la cobertura mediante anticonceptivos financiados por ese programa pasó de más de 1,2 millones de mujeres en 2024 a unas 63.000 proyectadas para 2026, una disminución estimada en 93%.
Más de 1.800 centros brindan acceso
El informe contabilizó 1.846 efectores públicos que garantizaban el acceso a IVE e ILE en las 19 provincias para las cuales obtuvo información sobre este indicador. La cantidad prácticamente no cambió respecto de 2023, cuando habían sido relevados 1.862 establecimientos.
El reporte no consigna en esa tabla la cantidad específica de efectores correspondientes a San Juan, por lo que el dato provincial no puede determinarse a partir del documento.
También existen diferencias importantes entre provincias. De las 15 que informaron la complejidad de sus establecimientos, 14 concentraban al menos el 70% de los efectores en el primer nivel de atención. En 11 jurisdicciones, además, alrededor del 90% de las interrupciones informadas se realizó durante las primeras 12 semanas de gestación.
La medicación continúa siendo el procedimiento predominante. De las nueve provincias que informaron qué método utilizaron, la mayoría de las interrupciones se realizó con medicamentos, mientras que la aspiración manual endouterina (AMEU) mantuvo una participación menor.
Una ley vigente en un escenario político diferente
El informe también analiza el contexto político que rodea la aplicación de la Ley 27.610. El documento señala que la norma que regula la IVE y la ILE permanece vigente y sin modificaciones y diferencia esa situación jurídica de las posiciones políticas expresadas desde el Gobierno nacional.
Los autores sostienen que durante 2026 el aborto volvió a ocupar un lugar en la agenda política nacional, tanto por declaraciones del presidente Javier Milei como por la adhesión argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra. El propio reporte aclara que esa declaración no constituye un tratado internacional jurídicamente obligatorio para la Argentina.
El dato de 1.657 abortos registrados en San Juan durante 2025 ofrece así una dimensión provincial de un escenario nacional más amplio: la Ley 27.610 continúa vigente y la cantidad de prácticas se mantiene relativamente estable en las jurisdicciones relevadas, pero el financiamiento y la provisión de insumos se desplazaron crecientemente hacia las provincias, un cambio que coloca sobre los presupuestos sanitarios locales una responsabilidad que anteriormente asumía en mayor medida la Nación.
