El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, aseguró que actualmente las consultas de extranjeros representan una cifra mínima frente al total de atenciones. Sin embargo, la provincia analiza adherir al nuevo esquema nacional si el avance de la minería genera un fuerte aumento de la demanda sanitaria.

San Juan comenzó a analizar la posibilidad de implementar el cobro de prestaciones médicas a extranjeros no residentes, luego de que el Gobierno nacional reglamentara el mecanismo para los hospitales administrados por el Estado. La decisión provincial, según explicó el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, estará atada a la evolución de las estadísticas y, principalmente, al impacto que pueda generar la expansión de la actividad minera.

Dobladez señaló que actualmente la cantidad de atenciones a personas extranjeras es muy baja. En concreto, indicó que se registran alrededor de 102 consultas anuales, una cifra que consideró poco significativa en relación con el volumen total de prestaciones que brinda el sistema sanitario sanjuanino.

Por ese motivo, aclaró que, en el corto plazo, la provincia no prevé modificar el esquema de atención que se aplica actualmente. Mientras los números se mantengan en esos niveles, los extranjeros que requieran asistencia continuarán siendo atendidos bajo las condiciones vigentes.

Sin embargo, el escenario podría cambiar a partir del crecimiento que atraviesa la minería en San Juan. La puesta en marcha y expansión de grandes proyectos demandará la llegada de trabajadores y de población vinculada directa o indirectamente con la actividad, lo que podría traducirse también en una mayor presión sobre los servicios de salud.

En ese sentido, el ministro explicó que la provincia está evaluando la posibilidad de adherir a la medida nacional como una herramienta para evitar que el sistema público deba absorber un volumen de prestaciones que no le corresponde afrontar. La intención es que las empresas garanticen la cobertura sanitaria de sus trabajadores y que el Estado no termine asumiendo de manera indiscriminada esos costos.

Dobladez fue contundente al referirse al posible impacto de un crecimiento significativo de la demanda. Advirtió que, si el sistema público tuviera que hacerse cargo de todas esas atenciones sin ningún tipo de recuperación de costos, podría verse seriamente comprometido y generar consecuencias también sobre el sector privado.

La definición, de todos modos, no será inmediata. Desde Salud sostienen que la eventual adhesión se determinará a partir de la evolución de los datos. Si las consultas de extranjeros comienzan a incrementarse de manera considerable, la provincia avanzaría con un mecanismo de cobro para esas prestaciones.

Qué dispuso el Gobierno nacional

La discusión en San Juan se produce luego de que el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, reglamentara el procedimiento para cobrar las prestaciones sanitarias brindadas a extranjeros no residentes en los establecimientos de salud administrados por el Estado nacional.

La medida forma parte de la reforma migratoria impulsada por el Gobierno de Javier Milei a través del DNU 366/2025, que estableció, entre otros cambios, nuevas condiciones para el ingreso al país y requisitos más estrictos para acceder a la residencia permanente.

La normativa establece una diferencia entre los extranjeros con residencia permanente y aquellos que permanecen en el país bajo otra condición migratoria. Los residentes permanentes conservan el mismo acceso al sistema de salud nacional que los ciudadanos argentinos y pueden acreditar esa condición mediante su DNI.

En cambio, para los extranjeros no residentes se establecieron mecanismos destinados a recuperar el costo de las prestaciones. Cuando la persona cuenta con un seguro de salud, el establecimiento sanitario puede facturar la atención directamente a la aseguradora. Si no posee cobertura, deberá afrontar previamente el costo correspondiente.

La reglamentación también establece que las situaciones de emergencia deberán continuar siendo atendidas sin restricciones, independientemente de la condición migratoria del paciente. La atención no podrá ser rechazada ni demorada por cuestiones administrativas cuando exista un riesgo cierto e inminente para la vida o las funciones vitales.

Dentro de esas situaciones se encuentran, entre otras, los infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias de gran magnitud y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales.

Una vez controlada la emergencia, las prestaciones que continúen podrán ser facturadas al paciente o a la compañía aseguradora, según corresponda.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el objetivo de la resolución es establecer un criterio común para los hospitales nacionales y ordenar el mecanismo de recuperación de los costos generados por la atención de extranjeros no residentes. La implementación concreta, sin embargo, quedará en manos de cada establecimiento sanitario.

En San Juan, mientras tanto, la discusión recién comienza y tendrá como principal variable el comportamiento de la demanda. Con 102 consultas anuales en la actualidad, el impacto es considerado marginal; pero la expansión minera podría modificar ese escenario y llevar a la provincia a adoptar finalmente un sistema de arancelamiento para determinadas atenciones.