La abogada Natalia Aveledo denunció presuntas irregularidades en un expediente sucesorio y acusó a la magistrada Luciana Salva Mendoza de cometer múltiples incumplimientos durante el ejercicio de sus funciones. Además, afirmó que existieron presiones y un supuesto intento de influir en una apelación.

La abogada Natalia Aveledo formalizó un pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salva Mendoza, a quien responsabilizó por una serie de presuntas irregularidades cometidas en el marco de un proceso sucesorio. En la presentación, además, solicitó que los hechos sean analizados en el ámbito penal por considerar que podrían configurar distintos delitos.

Según explicó la letrada, la denuncia se originó a partir de un expediente vinculado a la sucesión de una vivienda ubicada en el barrio Ruta 20, donde representa desde 2024 a la viuda del propietario fallecido. De acuerdo con su versión, la actuación judicial estuvo marcada por decisiones contrarias a la normativa vigente y afectó los derechos de todas las partes involucradas.

Aveledo sostuvo que el expediente presenta numerosas anomalías procesales. Entre ellas, señaló la inexistencia de un informe de dominio que acredite la titularidad del inmueble, la alteración de etapas procesales y la ausencia de requisitos esenciales para validar distintas actuaciones. También afirmó que a su clienta se le desconoció el derecho de habitación que la legislación reconoce al cónyuge supérstite.

La abogada también hizo referencia al estado de salud de la mujer a la que representa y aseguró que fue sometida a fuertes presiones para aceptar la venta de la vivienda. Indicó que, mientras atravesaba graves problemas médicos, recibió advertencias de que el inmueble podría ser rematado si no firmaba la operación destinada a afrontar el pago de honorarios, situaciones que, según afirmó, ocurrieron en presencia de la magistrada.

Otro de los planteos realizados por Aveledo apunta a un supuesto intento de influir en su actuación profesional. La letrada aseguró que fue convocada bajo la expectativa de mantener una reunión conflictiva, pero que durante ese encuentro le habrían ofrecido dinero para que desistiera de una apelación presentada en la causa. En ese sentido, informó que radicó una denuncia penal y entregó su teléfono celular como elemento de prueba para que la Justicia determine la autenticidad de una grabación.

En relación con el avance del expediente, Aveledo aseguró que un tribunal de alzada dejó sin efecto una resolución de la jueza al considerar que se habían aplicado normas derogadas y que la magistrada había asumido facultades que correspondían exclusivamente a la Cámara. Además, recordó que en 2023 el fallecido abogado Javier Cámpora ya había impulsado un pedido de jury contra Mendoza, aunque ese proceso no prosperó por cuestiones formales, pese a que una resolución también había sido anulada.

Por último, la abogada sostuvo que las situaciones denunciadas no constituyen un hecho aislado y aseguró que otros profesionales atravesaron experiencias similares en el Juzgado de Paz de Caucete. En ese contexto, reclamó medidas para modificar el funcionamiento del organismo y afirmó que el problema no pasa por crear un nuevo juzgado, sino por adoptar decisiones que garanticen un adecuado funcionamiento del servicio de Justicia. Como cierre de sus declaraciones, expresó: «La jueza de Paz, que tiene que poner paz, es la que la rompe».