Una encuesta del IOPPS sobre 500 casos mostró que el respaldo aumenta frente a delitos graves, pero cae con fuerza ante hechos de menor gravedad. Además, el 55% considera que el sistema no será útil para la reinserción.
El 52% de los consultados está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, mientras que el 36% se manifiesta en contra y otro 12% tiene dudas o no sabe, según un sondeo realizado por el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS).
El estudio, dirigido por Antonio De Tommaso, fue realizado de manera presencial sobre una muestra de 500 casos efectivos y está fechado el 28 de septiembre de 2026.
Más allá del resultado general, la encuesta muestra que la posición de los consultados cambia significativamente según la gravedad del delito planteado.
Ante el caso hipotético de un adolescente de 14 o 15 años que durante una pelea o un robo termina matando a otra persona y puede recibir una pena de hasta 15 años en un instituto especializado, el 62% está de acuerdo con el castigo y el 29% en desacuerdo. El 9% restante no contestó.
La situación cambia cuando se plantean delitos de menor gravedad. Si un adolescente falsifica un DNI para aparentar 18 años e ingresar a un boliche y se propone como escenario una condena de hasta ocho años, el 83% rechaza esa pena, frente a apenas un 10% que la respalda.
Algo similar ocurre con las falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos. Frente al caso de un adolescente que llama a una escuela para advertir falsamente sobre la presencia de un explosivo con el objetivo de evitar una prueba, y ante la posibilidad planteada de una pena de hasta seis años, el 76% está en desacuerdo y el 22% de acuerdo.
Los resultados marcan así una diferencia: el respaldo a sanciones penales crece ante homicidios y hechos de extrema gravedad, pero disminuye considerablemente cuando se presentan conductas menos graves.
El 84% desconocía un dato sobre delito juvenil
Uno de los resultados más contundentes del sondeo aparece cuando se consulta sobre la participación de menores en el total de delitos.
Según la información incluida en la propia encuesta, ante la pregunta sobre si los entrevistados sabían que en Argentina 2 de cada 100 delitos son cometidos por menores de edad, solamente el 16% respondió que conocía ese dato, mientras que el 84% aseguró que lo desconocía.
La encuesta también indagó sobre las expectativas respecto de la reinserción social. En ese punto aparece una fuerte desconfianza: el 55% considera que el sistema no será útil para reinsertar al adolescente en la sociedad después de cumplir una pena.
En contrapartida, el 26% respondió que podría ser “algo útil” y el 11% lo consideró “muy útil”. Otro 8% no contestó.
Amplio respaldo a invertir en educación
La prevención aparece como uno de los puntos de mayor consenso de todo el relevamiento.
Ante la afirmación de que es mejor que el Estado se preocupe e invierta en brindar una buena educación a niños y jóvenes para evitar problemas y delitos futuros, el 80% se mostró de acuerdo: un 51% “muy de acuerdo” y otro 29% “de acuerdo”.
Sólo el 17% expresó desacuerdo, mientras que el 3% restante no contestó.
Por otra parte, el 70% sabe que los menores no pueden permanecer detenidos junto con adultos, mientras que un 30% manifestó desconocerlo.
También se consultó sobre los recursos necesarios para implementar el régimen. El 57% sabía que el Estado deberá destinar fondos para disponer de lugares específicos de alojamiento y sostener infraestructura, seguridad, alimentación, medicamentos, profesionales y programas socioeducativos. El 43% desconocía ese requerimiento.
El impacto de una condena en la vida futura
La encuesta también abordó las consecuencias que puede tener un delito grave cometido durante la adolescencia.
El 58% coincide con la afirmación de que un error grave cometido por un adolescente puede perjudicarlo durante el resto de su vida, por ejemplo, dificultando su acceso a un trabajo o afectando otros aspectos de su futuro.
En cambio, el 40% está poco o nada de acuerdo con esa afirmación y un 2% no respondió.
El sondeo del IOPPS deja, en definitiva, una fotografía con fuertes matices: hay una mayoría del 52% favorable a bajar la imputabilidad desde los 14 años, pero la aceptación de las penas depende de manera marcada de la gravedad del delito.
Al mismo tiempo, el amplio 80% que prioriza la inversión estatal en educación y el 55% que desconfía de la capacidad de reinserción muestran que el debate social no se concentra únicamente en el castigo, sino también en la prevención y en qué ocurre con los adolescentes después de ingresar al sistema penal.
