Martha Noelia Campos, quien estuvo a cargo de la Tesorería municipal, fue imputada por peculado tras una denuncia presentada por el intendente Sebastián Carbajal. La Justicia estableció un año para reunir pruebas y avanzar con la investigación.

La Justicia de San Juan abrió formalmente una investigación por un presunto desvío de fondos públicos que involucra a una exfuncionaria de la Municipalidad de Calingasta. Martha Noelia Campos, quien se desempeñó como responsable de la Tesorería comunal, quedó imputada por el delito de peculado luego de que se detectara un faltante que rondaría los 107 millones de pesos.

La denuncia fue realizada por el actual intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, a partir de inconsistencias detectadas en las cuentas municipales correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024.

La audiencia de formalización se desarrolló este miércoles ante el juez de Garantías Sergio López Martí. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, ambos pertenecientes a la UFI Delitos Especiales N°6. La defensa de la imputada estuvo a cargo del abogado Marcelo Fernández Valdez.

Según la hipótesis planteada por la Fiscalía, el supuesto faltante se habría producido durante los años 2023 y 2024 y tendría como origen el dinero recaudado en efectivo por el municipio a través del pago de tasas y servicios.

Esos fondos eran abonados por los contribuyentes en las distintas sedes de San Juan Servicio, ubicadas en Barreal, en la villa cabecera de Calingasta y en el edificio municipal. De acuerdo con la estructura administrativa de la comuna, Campos era la funcionaria encargada de custodiar el efectivo y posteriormente efectuar los depósitos en las cuentas bancarias del municipio.

Las primeras irregularidades habrían quedado expuestas durante los cierres contables de 2023 y 2024. A partir de esas diferencias se realizó una auditoría sobre los movimientos financieros y registros administrativos de la Municipalidad.

El análisis fue llevado adelante por Global Core, empresa vinculada al sistema informático SIGAP, utilizado por la comuna para registrar y centralizar los ingresos y egresos municipales. La información surgida de ese relevamiento habría permitido establecer diferencias por una suma cercana a los $107 millones y derivó posteriormente en la presentación de la denuncia penal.

Un año para investigar

Durante la audiencia, el juez López Martí dispuso un plazo de 12 meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria (IPP). En ese período, la Fiscalía deberá profundizar las medidas probatorias y determinar si existen elementos suficientes para llevar el expediente a juicio.

Pese al monto involucrado y a la gravedad de la imputación, la Justicia resolvió que Campos continúe el proceso en libertad. Sin embargo, deberá cumplir una serie de restricciones mientras avance la investigación.

Entre las medidas impuestas se encuentra la obligación de no interferir ni entorpecer la pesquisa, la prohibición de abandonar la provincia de San Juan sin autorización judicial y una prohibición absoluta de acercamiento o contacto con los testigos relacionados con el expediente.

De acuerdo con la información conocida tras la audiencia, Campos continuaría desempeñándose en otra área de la Municipalidad de Calingasta y afrontaría además un sumario administrativo.

Qué pena contempla el delito

La investigación está encuadrada en la figura de peculado, prevista en el artículo 261, primera parte, del Código Penal. Se trata de un delito contra la administración pública que contempla una pena de dos a diez años de prisión, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

La situación procesal de la exfuncionaria podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas al expediente. Será la Fiscalía la encargada de determinar, al finalizar la etapa preparatoria, si existen elementos suficientes para solicitar la elevación de la causa a juicio.