El diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó un escrito en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga, en el que atribuye a un error de tipeo la principal inconsistencia detectada en su declaración jurada de 2024. El expediente está en manos del juez Daniel Rafecas, quien debe resolver si lo cita a indagatoria.

El fiscal Guillermo Marijuan, que pidió esa indagatoria, había señalado que Adorni declaró una deuda inicial de $130 millones y otra de $60 millones al cierre del período, lo que sugería una reducción de unos 70 millones de pesos sin explicación. Según el escrito presentado por el legislador, esa cifra inicial en realidad debía ser $13 millones —no $130 millones— y por lo tanto nunca existió tal disminución patrimonial.

Adorni sustentó su versión en la declaración jurada del comienzo del período, donde sí figura una deuda de 13 millones de pesos, cifra que coincide con la corrección que ahora propone. En el escrito sostuvo que la explicación es plausible porque reproduce exactamente el número original multiplicado por diez, y advirtió que penalizar a quien corrige un error propio, en lugar de a quien lo mantiene, genera un incentivo perverso.

No es la primera corrección que introduce en sus declaraciones patrimoniales: en la de 2025 incorporó, mediante una rectificación, 24,5 millones de pesos en efectivo, de los cuales 21 millones dijo haber recibido por herencia.

Durante la gestión libertaria, Francisco Adorni encabezó primero la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, desde junio de 2025, quedó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que administra el sistema previsional de las Fuerzas Armadas.

El caso se suma a otro frente judicial que involucra a su hermano: Manuel Adorni también debió rectificar sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 tras una investigación sobre la evolución de su patrimonio, incorporando activos no declarados originalmente por unos 500.000 dólares, un punto sobre el que el fiscal Gerardo Pollicita le exigió explicaciones.