La adjudicación de una obra de USD 200 millones para ampliar el campamento Batidero encendió críticas de proveedores locales y reabrió el debate por una ley que priorice la participación de empresas sanjuaninas en los grandes proyectos mineros.

La adjudicación de la ampliación del campamento Batidero, una de las obras más importantes vinculadas al desarrollo del proyecto Vicuña, abrió una fuerte discusión dentro del sector minero sanjuanino. La construcción de unas 2.000 camas, con una inversión estimada en USD 200 millones, quedó en manos de un consorcio liderado por la empresa china PowerChina, decisión que generó cuestionamientos de proveedores locales y cámaras empresarias.

La obra constituye una de las mayores licitaciones privadas de 2026 y representa aproximadamente el 25% del campamento definitivo que demandará el desarrollo del distrito minero integrado por Josemaría y Filo del Sol.

Según confirmó Vicuña, la adjudicación correspondió a un consorcio integrado por empresas con capacidades complementarias en ingeniería, fabricación y construcción. PowerChina tendrá a su cargo la gestión integral bajo modalidad EPC, mientras que la firma china Beijing Chengdong será responsable de la fabricación de los módulos habitacionales. Por su parte, la empresa argentina RAFA S.A., con sede en Santa Fe, ejecutará las tareas de movimiento de suelos, fundaciones, montaje e instalaciones en el sitio.

Desde la compañía explicaron que la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los criterios técnicos, de seguridad, plazo de ejecución y costos establecidos para una infraestructura de esta magnitud.

Sin embargo, la decisión provocó preocupación entre empresas locales y cámaras de proveedores mineros, que advirtieron sobre el impacto que podría tener en la cadena de valor sanjuanina.

Uno de los dirigentes que expresó públicamente su posición fue Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), quien sostuvo que la contratación de una firma extranjera limita oportunidades para las empresas nacionales.

«Con los chinos no podemos competir en precio. Vicuña lo sabe», señaló el dirigente, quien reconoció que la situación podría modificar incluso la postura histórica de la entidad respecto al proyecto de ley de proveedores locales que actualmente impulsa el Gobierno provincial.

La controversia adquiere relevancia porque la ampliación del campamento demandaría una importante cantidad de mano de obra durante la etapa constructiva. Fuentes del sector estiman que la obra podría movilizar más de 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

Desde Vicuña rechazaron que la adjudicación implique un desplazamiento de la industria local. La empresa destacó que exige a los oferentes incorporar proveedores, contratistas y trabajadores argentinos en aquellas actividades donde existan capacidades competitivas. Además, recordó que actualmente más del 95% de sus trabajadores son argentinos y que cerca del 73% de sus empleados directos provienen de San Juan.

La discusión también impacta de lleno en el debate legislativo sobre una futura ley de proveedores locales. El proyecto busca generar herramientas para fortalecer la participación de empresas sanjuaninas en las grandes inversiones mineras y evitar que una porción significativa de los contratos termine fuera de la provincia o del país.

El caso Batidero aparece así como una prueba concreta de una discusión que crecerá a medida que avancen las inversiones en cobre. Con proyectos que demandarán miles de millones de dólares durante la próxima década, el desafío para San Juan será encontrar un equilibrio entre la competitividad que exigen los inversores internacionales y el objetivo de maximizar el empleo y el desarrollo de proveedores locales. Mientras tanto, Vicuña ya anticipó que próximamente lanzará nuevas licitaciones para otras etapas del campamento y para tres nuevos complejos destinados al personal que trabajará en el Corredor Norte.