El procedimiento se realizó en el local ubicado sobre calle Mendoza, en Capital, en el marco de la investigación por la presunta desaparición de los ahorros de decenas de inversores. El perjuicio económico denunciado superaría los $4.000 millones y todavía no se informó qué elementos fueron secuestrados.
La investigación por la presunta estafa financiera vinculada a Global Market sumó una nueva medida judicial en San Juan. Este jueves 1 de octubre, efectivos y autoridades judiciales concretaron un allanamiento en las oficinas de la firma, más de medio año después de que se presentara la primera denuncia por el dinero que numerosos inversores aseguran haber perdido.
El operativo fue ordenado por la Justicia Federal y tuvo lugar alrededor de las 11 en el inmueble de Mendoza 31 Sur, entre avenida Libertador General San Martín y calle Laprida, en la ciudad de San Juan. Según informó Canal 13, en el lugar se encontraba Gustavo Omar Ahumada, uno de los titulares de la empresa y de los principales señalados en las presentaciones judiciales. El otro responsable mencionado en la causa, Miguel Ángel Cañada, no estuvo presente durante el procedimiento.
El caso salió a la luz a comienzos de 2026, cuando aproximadamente 45 personas denunciaron que habían confiado sus ahorros a Global Market para que fueran destinados a inversiones que, según les habían indicado, implicaban un riesgo reducido. Sin embargo, posteriormente advirtieron que no podían disponer de esos fondos.
Las estimaciones difundidas sobre el alcance económico de la causa ubican el monto comprometido por encima de los $4.000 millones. La presentación judicial que dio inicio al expediente fue realizada el 4 de marzo, pero la investigación atravesó demoras vinculadas con la determinación de qué jurisdicción debía intervenir. Finalmente, el caso quedó en manos del fuero federal.
Por el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre los resultados del allanamiento ni sobre la posible documentación u otros elementos de interés que pudieran haberse encontrado en las oficinas. La medida representa un nuevo avance en un expediente que mantiene en vilo a quienes reclaman recuperar el dinero entregado a la firma.
Pedidos para ampliar los procedimientos
En paralelo, los representantes legales de los denunciantes habían solicitado que las medidas judiciales también alcanzaran las viviendas particulares de Ahumada y Cañada, además de domicilios vinculados con los hijos de Ahumada.
Estos últimos fueron mencionados en el marco de las sospechas por su relación con otra empresa que, según las denuncias, podría haber intervenido en movimientos de fondos bajo investigación. Entre las operaciones cuestionadas se encuentra el presunto desvío de más de 2,5 millones de dólares.
Hasta el momento, no trascendió si las autoridades realizaron procedimientos en esos otros inmuebles. La investigación deberá determinar qué ocurrió con el dinero denunciado como desaparecido, establecer las eventuales responsabilidades y esclarecer si hubo otras personas o sociedades involucradas en las maniobras.
