La votación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, prevista para este jueves en el Senado, quedó en el centro de una negociación de último momento: ante la fuerte presión de aliados y de la oposición dialoguista, el oficialismo decidió excluir de la sesión el capítulo que habilitaba un mayor porcentaje de venta de tierras a extranjeros, al reconocer que no contaba con los votos necesarios para aprobarlo.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, venía resistiendo los pedidos para posponer el tratamiento completo del proyecto, previsto para retomarse este jueves a las 14, luego de haber quedado en cuarto intermedio desde el 19 de julio. La definición sobre el capítulo más polémico se resolvió esta tarde en una reunión que Bullrich mantuvo con representantes de los bloques dialoguistes en el salón de la bancada radical, uno de los sectores que más presionó para que el tema volviera a comisión y tuviera, según reclamaron, «un debate serio».
La mayoría que el oficialismo creía tener para avanzar con la extranjerización de tierras se derrumbó en las últimas horas, cuando trascendió que dos senadoras aliadas al Gobierno —la salteña Flavia Royón, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, y la tucumana Beatriz Ávila, que responde a Osvaldo Jaldo— definieron votar en contra de ese capítulo. A esas deserciones se sumó la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa, además de resistencias ya conocidas dentro del propio bloque radical, como las de Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama.
El efecto dominó alcanzó también al PRO: la pampeana María Victoria Huala no quería quedar sola respaldando un proyecto que, en la city política, empezó a describirse como una iniciativa desgastante desde el punto de vista electoral.
La votación de este jueves incluye además una definición administrativa poco habitual: la vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó de manera excepcional a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, que cursa un embarazo de 32 semanas con indicación médica de no viajar, a participar y votar de forma virtual, una modalidad que todavía debe ratificar el pleno de la Cámara alta.
Con el capítulo de tierras fuera de la sesión, el oficialismo buscará avanzar únicamente con el resto del proyecto de propiedad privada, en un intento por evitar un nuevo traspié legislativo tras las sucesivas idas y vueltas que atravesó la iniciativa en las últimas semanas.
