El intendente de Angaco recurrió a una intimación notarial luego de las declaraciones de la mediática, quien había cuestionado públicamente su gestión. El documento deberá ser enviado a su domicilio en Buenos Aires.
La polémica entre el intendente de Angaco, José Castro, y Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Después de las acusaciones que la mediática realizó durante su estadía en San Juan, el jefe comunal decidió avanzar por la vía legal y, a través de su abogado, le envió una carta notarial para que respalde formalmente sus afirmaciones o las rectifique.
El escrito fue enviado inicialmente al Hotel Del Bono, donde Fernández se había alojado junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo. Sin embargo, cuando la notificación llegó al establecimiento, ambos ya habían abandonado el lugar. Por este motivo, una escribanía de la provincia inició gestiones para determinar el domicilio legal de Fernández en Buenos Aires y concretar allí la notificación.
El conflicto se originó durante la visita de la mediática a San Juan. Fernández acompañó a Castillo, quien interviene en la defensa de Facundo Nievas, un exempleado municipal de Angaco que recibió una condena de cuatro años de prisión por el delito de peculado.
Durante su paso por el departamento, Fernández se presentó frente al edificio municipal y difundió un video en sus redes sociales en el que lanzó cuestionamientos contra Castro y lo vinculó con presuntas irregularidades y maniobras ilícitas.
Tanto Fernández como Castillo habían manifestado que llevarían esas acusaciones ante la Justicia y que denunciarían al intendente por un supuesto armado de la causa que terminó con la condena de Nievas. Sin embargo, la presentación que finalmente llegó a la UFI de Delitos Especiales no contó con las firmas de la pareja, sino que fue realizada por un abogado sanjuanino identificado como Quiroga.
Otro de los interrogantes que surgieron alrededor del caso está relacionado con la contratación de Castillo para representar a Nievas, teniendo en cuenta que se trata de un ex trabajador municipal condenado y sin ingresos, según lo consignado en la publicación.
Frente a esa situación, Castillo explicó que tomó el caso por una decisión personal y sostuvo que su situación económica le permite asumir determinadas causas sin perseguir un beneficio económico. También afirmó que Nievas abonó una suma simbólica y que decidió intervenir luego de conversar con la esposa del condenado y conocer su situación.
Con la intimación enviada por Castro, el enfrentamiento dejó de estar solamente en el terreno de las declaraciones públicas y pasó a incorporar una instancia formal en la que Fernández deberá definir si sostiene judicialmente las acusaciones que realizó contra el intendente o si decide rectificarlas.
