El máximo tribunal resolvió promociones de personal tres meses antes de lo habitual y sin difundir el listado oficial. La decisión reavivó cuestionamientos por la falta de transparencia.

La Corte de Justicia de San Juan firmó la acordada 63/2026 para disponer ascensos de personal judicial tres meses antes del calendario habitual y un día antes del inicio de la feria judicial. La resolución, sin embargo, todavía no fue publicada en el sitio oficial del Poder Judicial, por lo que se desconoce cuántos empleados fueron promovidos y quiénes integran el listado.

La decisión comenzó a circular rápidamente entre los más de 2.000 trabajadores del Poder Judicial, ya que las promociones suelen oficializarse durante octubre. En esta oportunidad, los empleados beneficiados fueron notificados únicamente por correo electrónico, aunque el mensaje no incluyó la acordada con el detalle completo de los ascensos.

Hasta el momento, la Corte no informó la cantidad de agentes promovidos ni las categorías alcanzadas. Lo que trascendió es que hubo ascensos tanto para personal que depende directamente del máximo tribunal como para trabajadores del Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento también llamó la atención porque rompe con la modalidad aplicada en los últimos años. En 2025, la Corte otorgó 246 ascensos, equivalentes al 12% de la planta de personal, y había anticipado que las futuras promociones serían más acotadas y focalizadas.

Fuentes judiciales indicaron además que, antes de esta acordada, se habrían incorporado entre 40 y 50 nuevos empleados al Poder Judicial. De no haber accedido mediante el concurso vigente, esos ingresos solo podrían concretarse bajo la modalidad de contratación prevista por la normativa.

Un antecedente que alimenta la polémica

La reserva con la que se manejó la acordada vuelve a poner bajo la lupa el sistema de ascensos del Poder Judicial, luego de las controversias registradas en los últimos años.

A fines de 2024, una acordada promovió a 341 agentes y generó fuertes cuestionamientos porque incluyó el ascenso de Eva Graciela De Sanctis Sánchez, hija del entonces ministro de la Corte Guillermo De Sanctis, quien firmó la resolución que beneficiaba a su propia hija. Si bien la situación no implicó una incompatibilidad legal, recibió críticas por su posible conflicto con los principios de la Ley de Ética Pública.

En aquella misma nómina también aparecieron otros ascensos vinculados a integrantes de la denominada «familia judicial», como Agustín Voena, sobrino del ministro Juan José Victoria, y Guadalupe Olivares Allende, hija del cortista Daniel Olivares Yapur, además de otros casos que despertaron cuestionamientos internos.

La publicación oficial de la acordada 63/2026 aún permanece pendiente. Hasta que eso ocurra, continuará la incertidumbre sobre el alcance real de las promociones y persistirán los interrogantes sobre los criterios utilizados por la Corte para anticipar una decisión que históricamente se conocía recién en octubre y que, esta vez, quedó resguardada hasta el inicio del receso judicial.