Con votos propios, aliados y legisladores peronistas, el Gobierno consiguió la autorización para buscar financiamiento y ejecutar obras clave en viviendas, rutas, agua, saneamiento y energía.

El Gobierno de San Juan consiguió este jueves una victoria legislativa central para su plan de gestión: la Cámara de Diputados aprobó la ley que autoriza a la Provincia a tomar financiamiento por hasta US$ 600 millones para ejecutar un amplio programa de obras públicas.

La iniciativa fue aprobada en general con 23 votos a favor y 12 en contra, luego de una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, tensión por el quórum y la presencia del gobernador Marcelo Orrego en el recinto, un gesto poco habitual en medio de un debate legislativo.

El tratamiento comenzó con demoras. Según reconstruyeron medios locales, el oficialismo quedó durante varios minutos a un diputado de alcanzar el número necesario para sesionar, mientras el bloque justicialista no bajaba al recinto. El quórum terminó de asegurarse con el ingreso del bloquista Miguel Atampiz, lo que permitió iniciar la discusión.

La votación mostró el peso de la negociación política previa. Además del oficialismo y sus aliados, acompañaron el proyecto legisladores de origen justicialista como Eduardo Cabello, Gabriel Sánchez, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Jorge Castañeda y Franco Aranda, del Frente Renovador. Ese respaldo fue decisivo para ampliar la mayoría y convertir el proyecto en ley.

El PJ, en cambio, había cuestionado con dureza el tratamiento sobre tablas y denunció un trámite “exprés”. Desde la oposición reclamaron mayor detalle sobre las obras, las condiciones financieras, las tasas, los plazos y el impacto del endeudamiento sobre las próximas gestiones.

La sesión también tuvo una fuerte carga territorial. Varios intendentes peronistas siguieron el debate desde la Legislatura, entre ellos Sebastián Carbajal, Daniela Rodríguez, Romina Rosas, Fabián Aballay, Analía Becerra, David Domínguez y José Castro. La presencia de los jefes comunales reflejó la tensión interna entre la postura partidaria del PJ y la necesidad de obras en los departamentos.

En ese contexto, Orrego llegó al recinto cerca del mediodía, saludó a intendentes y legisladores y defendió públicamente la ley. “No puedo entender cómo algunos diputados del peronismo votan en contra de los sanjuaninos; están más preocupados en volver que en ordenar la vida de la gente”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la norma permitirá preparar a San Juan para una nueva etapa de crecimiento, vinculada al desarrollo minero, la llegada de inversiones y la necesidad de ampliar infraestructura. “No puedo creer que se vote en contra de la obra pública, de generar empleo o del crecimiento de San Juan”, remarcó.

La ley habilita al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público mediante emisión de títulos o bonos en mercados nacionales e internacionales, contratar empréstitos en el mercado local o externo y utilizar otros instrumentos financieros por hasta USD 600 millones o su equivalente en otras monedas.

El Gobierno sostiene que los fondos estarán destinados a infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional. Entre las obras mencionadas figuran la construcción de 30 barrios, una línea de 1.000 créditos individuales del IPV, intervenciones en rutas nacionales transferidas por Nación, mejoras en la Ruta 150, la Avenida de Circunvalación y obras vinculadas al sistema de riego.

El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, había explicado ante los legisladores que, una vez sancionada la ley, la estructuración financiera demandaría alrededor de 12 semanas, por lo que la Provincia podría contar con los fondos hacia agosto si las condiciones del mercado acompañan.

Desde el oficialismo defienden la autorización como una herramienta para sostener la obra pública en un contexto de fuerte retracción de fondos nacionales. La oposición, en cambio, advierte sobre el riesgo de tomar deuda sin mayor precisión sobre los proyectos y las condiciones de repago.

Con la ley aprobada, la discusión entra ahora en una nueva etapa: el Gobierno deberá salir a buscar financiamiento, negociar condiciones y transformar el aval legislativo en recursos concretos. El resultado de esa gestión determinará si el bono se convierte en el motor del plan de infraestructura o en el nuevo eje de disputa política por el endeudamiento provincial.