El Gobierno busca aumentar el financiamiento de largo plazo para que los bancos puedan ofrecer más préstamos destinados a la vivienda. La iniciativa contempla recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y apunta a reducir una de las principales trabas del mercado hipotecario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles un nuevo esquema para intentar reactivar el crédito hipotecario en Argentina, con participación de recursos administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. El objetivo central es que las entidades financieras cuenten con fondos de mayor plazo y puedan ampliar la oferta de préstamos para la compra de viviendas.
La propuesta contempla que el FGS licite depósitos a plazo entre los bancos. De esta manera, las entidades podrán acceder a financiamiento con vencimientos más extensos que los depósitos tradicionales, buscando solucionar el descalce que existe actualmente entre el corto plazo con el que suelen captar dinero y los períodos de varias décadas que demandan los créditos hipotecarios.
Según los detalles difundidos tras el anuncio, el programa contempla una suma de hasta $2 billones, que sería canalizada hacia el sistema financiero mediante licitaciones. El dinero deberá tener como destino el financiamiento habitacional, con la intención de generar nuevas alternativas para las familias que buscan acceder a una propiedad.
El esquema también apunta a mejorar las condiciones de los préstamos ajustados por UVA. Entre las alternativas analizadas aparece una estructura con una tasa adicional sobre la actualización por UVA, con el objetivo de ofrecer créditos a plazos largos y, al mismo tiempo, darle a los bancos una fuente de fondeo compatible con esas operaciones.
Durante la presentación, Caputo estuvo acompañado por funcionarios vinculados al Banco Central, el BICE y el FGS. La iniciativa forma parte de una estrategia oficial para recuperar el crédito hipotecario, que en los últimos meses mostró una desaceleración y enfrenta como uno de sus principales obstáculos la dificultad de conseguir financiamiento estable a largo plazo.
El Gobierno sostiene que, al mejorar el fondeo disponible para las entidades, los bancos podrán incrementar la cantidad de préstamos destinados a vivienda. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el programa podría alcanzar a unas 18.000 familias, dependiendo de la utilización efectiva de los recursos y de las condiciones de los créditos que finalmente ofrezcan las entidades.
La iniciativa no implica que el FGS compre directamente las hipotecas. El mecanismo busca que los recursos sean colocados en los bancos para que estos, a partir de ese fondeo, otorguen los préstamos correspondientes. Además, el Gobierno evalúa mecanismos de securitización que permitirían transformar las carteras hipotecarias en instrumentos financieros y ampliar las fuentes de financiamiento del sistema.
¿Cuánto dinero tendrá el programa?
El esquema contará con un total de $2 billones, que serán distribuidos en distintas licitaciones de $200.000 millones cada una.
En cada subasta, los bancos competirán para obtener los fondos. Además, una entidad no podrá quedarse con más del 20% del monto disponible en cada licitación, con el objetivo de evitar que los recursos queden concentrados en pocos bancos.
El FGS ofrecerá dos alternativas de colocación: un tramo a un año, con una tasa mínima de UVA + 2,5%, y otro a cinco años, con una tasa mínima de UVA + 4,5%.
¿Quiénes podrán acceder a los créditos?
Los principales destinatarios serán personas que busquen financiar su primera vivienda. Los fondos obtenidos por los bancos deberán utilizarse para préstamos hipotecarios destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de esa primera propiedad.
Sin embargo, esto no significa que cualquier persona pueda obtener automáticamente el préstamo. La aprobación continuará dependiendo de cada entidad financiera, que deberá analizar los ingresos, capacidad de pago y demás requisitos establecidos para acceder a una hipoteca.
¿Cuáles serán las condiciones?
Los créditos otorgados bajo este esquema tendrán algunas condiciones específicas:
- Tasa máxima: UVA + 7,5%.
- Plazo mínimo: 15 años.
- Monto máximo: 150.000 UVA por crédito, equivalente a aproximadamente USD 200.000 según la referencia utilizada durante el anuncio.
- Destino: primera vivienda, ya sea para comprar, construir, ampliar o refaccionar.
- Aplicación de los fondos: los bancos tendrán un plazo determinado para transformar el financiamiento recibido en nuevos créditos hipotecarios.
Un ejemplo de cuánto habría que ganar
Durante la presentación del programa, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso un caso concreto para mostrar cómo podrían funcionar los nuevos créditos.
Para una vivienda valuada en alrededor de USD 106.667, una familia que financiara el 75% del inmueble podría solicitar cerca de USD 80.000. En el ejemplo oficial, con una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años, la cuota inicial rondaría los $865.000 mensuales.
Para que esa cuota represente aproximadamente el 25% de los ingresos del hogar, sería necesario contar con ingresos netos cercanos a $3,46 millones mensuales.
¿Cuántas familias podrían beneficiarse?
Según las estimaciones del Gobierno, los $2 billones destinados al programa podrían generar soluciones habitacionales para entre 17.000 y 18.000 familias.
La expectativa oficial es que el nuevo mecanismo permita ampliar la oferta de créditos hipotecarios y recuperar el dinamismo de los préstamos UVA, que tuvieron una desaceleración durante los últimos meses.
La primera licitación está prevista para la próxima semana y permitirá comenzar a evaluar qué cantidad de recursos demandan los bancos y con qué velocidad pueden convertir ese fondeo en nuevos préstamos para vivienda.
En definitiva, el programa apunta principalmente a quienes buscan acceder a su primera vivienda y cumplen con las condiciones crediticias exigidas por los bancos. El Estado aporta el fondeo a través del FGS, pero son las entidades financieras las que finalmente determinarán quién obtiene el préstamo y bajo qué condiciones dentro de los límites fijados por el Gobierno.








