El nuevo manual fija reglas obligatorias, prioriza delitos graves y crea un sistema de control interno en el Ministerio Público.

El fiscal general Guillermo Baigorrí presentó el Manual de Política de Persecución Penal, una herramienta que busca uniformar criterios, reducir la discrecionalidad y ordenar la actuación de fiscales y fuerzas de seguridad en San Juan.

“Estamos sacando discrecionalidad; antes cada caso se manejaba distinto y ahora no será así”, afirmó Baigorrí, al destacar que el documento establece pautas escritas, generales y obligatorias para el ejercicio de la acción penal. El objetivo central es dotar de previsibilidad, transparencia y control al sistema.

El manual fija prioridades claras en materia criminal. Entre ellas, la persecución de delitos contra la administración pública y hechos de corrupción, además de homicidios dolosos, violencia de género, abusos sexuales y delitos contra niños, niñas y personas vulnerables.

Como eje complementario, se incorpora la protección de las víctimas como criterio transversal y se crea la Oficina de Calidad Institucional, un organismo que realizará monitoreo permanente de las unidades fiscales, con acceso a sistemas, evaluaciones estadísticas y visitas periódicas para detectar fallas y mejorar prácticas.

El alcance del documento es amplio: establece reglas sobre escena del crimen, cadena de custodia, manejo de pruebas, flagrancia, archivo de causas, medidas de coerción y juicio abreviado, entre otros aspectos. Su aplicación será obligatoria para fiscales y también para la Policía en tareas investigativas.

Desde una perspectiva institucional, Baigorrí aseguró que la implementación permitirá “mejoras sustantivas en los procesos penales”, apoyadas en principios como legalidad, igualdad, eficiencia y seguridad jurídica.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de modernización del sistema judicial provincial, con foco en control y estandarización. Su impacto dependerá de la aplicación efectiva en terreno y de la capacidad de sostener criterios uniformes en causas sensibles, especialmente en materia de corrupción, donde el nuevo esquema busca marcar un punto de inflexión.