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Avanza la investigación por el faltante de armas en la Policía: se encamina a la Justicia Penal

La investigación administrativa detectó que no existe un registro claro sobre el destino de gran parte de un lote de armas adquirido en 2022. En la fuerza anticipan que, una vez concluidos los informes internos, el expediente sería remitido al fuero penal.

La investigación que lleva adelante la Policía de San Juan por el destino de un importante lote de armamento sumó un nuevo capítulo. Fuentes de la fuerza indicaron que los relevamientos internos no lograron determinar dónde se encuentran más de 130 pistolas que integraban una compra realizada en 2022, situación que podría derivar en una denuncia ante la Justicia Penal.

De acuerdo con voceros consultados, en la Jefatura de Policía y en la Subsecretaría de Control de Gestión aguardan los últimos informes administrativos antes de formalizar la presentación judicial. Aunque desde el ámbito oficial mantienen un estricto hermetismo, dentro de la institución crece la preocupación por el faltante detectado.

Las dudas que predominan entre los investigadores giran en torno a dos hipótesis principales: si las armas ingresaron efectivamente al patrimonio de la fuerza y luego fueron desviadas sin quedar registradas, o si, pese a figurar como adquiridas, nunca llegaron a la provincia.

La pesquisa se centra en un lote cercano a las 150 pistolas, de las cuales los informes preliminares establecieron que poco más de 130 no pueden ser ubicadas en los registros disponibles. Esa conclusión aceleraría la decisión de trasladar el caso al ámbito judicial para determinar si existió la comisión de un delito.

Como parte de las primeras medidas adoptadas, la conducción policial ordenó el traslado de los siete efectivos que prestaban funciones en la División Armamento y dispuso una auditoría para reconstruir el recorrido de cada una de las pistolas, verificando si fueron asignadas a personal policial y bajo qué documentación.

La investigación administrativa comenzó antes de que el caso se hiciera público. Todo se originó a partir de una revisión impulsada por la Subsecretaría de Control de Gestión, que buscaba establecer el destino de un lote de 500 pistolas Bersa calibre 9 milímetros adquiridas por el Gobierno de San Juan en 2022 mediante una licitación pública adjudicada a la firma Punto de Impacto, durante la gestión provincial anterior. Esa revisión derivó en un sumario interno y puso bajo análisis el funcionamiento de la División Armamento.

El caso trascendió públicamente el 16 de julio, cuando se conoció el traslado de los siete policías que integraban esa dependencia mientras avanzaba la investigación administrativa. Paralelamente, el subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña fue designado para conducir el área con el objetivo de reorganizarla y actualizar los inventarios del armamento.

Con el avance de las actuaciones también surgieron distintas versiones sobre el origen de la pesquisa. Desde la Secretaría de Seguridad sostuvieron que todo comenzó luego de un requerimiento judicial proveniente de Salta, relacionado con una pistola perteneciente a la Policía de San Juan que había sido secuestrada en esa provincia.

No obstante, fuentes policiales señalaron otra posible conexión. Según esa versión, la investigación habría cobrado impulso tras un operativo realizado por Gendarmería Nacional en abril pasado, en el norte salteño, donde fueron incautadas ocho pistolas que transportaban tres personas a bordo de un vehículo.

Ese procedimiento se desarrolló el 18 de abril de 2026 sobre la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Salvador Mazza. Allí, efectivos del Escuadrón 61 de Gendarmería secuestraron ocho pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, además de cargadores y teléfonos celulares. La Fiscalía Federal de Tartagal ordenó el secuestro del armamento y la detención de los ocupantes del vehículo.

Si bien las autoridades nacionales nunca confirmaron el origen de esas armas, dentro de la fuerza sanjuanina comenzó a tomar fuerza la sospecha de que podrían pertenecer al lote adquirido por la provincia en 2022, una hipótesis que forma parte de las líneas de análisis mientras la investigación continúa avanzando.