La Justicia dejó sin efecto la acusación contra el empresario sanjuanino Ariel Jaime, quien había sido denunciado por lesiones y amenazas en un presunto contexto de violencia de género.

El empresario sanjuanino Ariel Eduardo Jaime fue absuelto en el juicio desarrollado en el sistema de Flagrancia, donde estaba acusado por presuntas lesiones leves agravadas por violencia de género y amenazas simples contra su ex pareja.

La resolución fue dictada por el juez Ricardo Moine, quien concluyó que durante el debate oral no se logró acreditar la existencia de los delitos atribuidos por la fiscalía. De esta manera, el magistrado liberó de culpa y cargo al empresario, uno de los propietarios de Industrias Metalúrgicas Jaime y del Hotel Pismanta.

La acusación había sido impulsada por el fiscal Cristian Gerarduzzi, quien sostenía que la denunciante fue agredida en medio de una discusión. Según la presentación judicial, la mujer afirmó que Jaime la tomó del cuello y la empujó contra una pared.

Sin embargo, el juez entendió que la acusación presentaba inconsistencias y carecía de una descripción precisa sobre la mecánica del hecho. Además, señaló contradicciones entre la denuncia inicial, las declaraciones testimoniales y las lesiones constatadas en las pericias médicas.

En su análisis, Moine consideró que las marcas detectadas en el cuerpo de la denunciante fueron compatibles con una acción defensiva del imputado y no con una agresión intencional. Esa interpretación coincidió con la postura sostenida por la defensa, encabezada por el abogado Rubén Pontoriero, quien argumentó que su cliente intentó contener una situación de crisis.

Tras descartar el delito de lesiones, el magistrado también rechazó la imputación por amenazas al entender que no existían pruebas suficientes para sostenerla en juicio.

La fiscalía había solicitado una condena de 2 años y 6 meses de prisión condicional, aunque ahora contará con un plazo de cinco días para apelar la sentencia ante el Tribunal de Impugnación.

El caso vuelve a poner en discusión el estándar probatorio requerido en procesos por violencia de género dentro del sistema de justicia exprés, especialmente en causas donde el debate oral termina desarmando la hipótesis acusatoria presentada durante la investigación inicial.